ENRIQUECIMIENTO INJUSTO

         En un telediario reciente escuché, no sin asombro, cómo el abogado del señor Undargarin se manifestaba, ante la exigencia a su cliente de una fianza solidaria con el ex socio de éste de 8 millones de euros, declarando que “…lo elevado de la fianza suponía un empobrecimiento injusto”.

         No voy a entrar aquí en el enjuiciamiento sobre la culpabilidad o no de este señor, porque para eso está la justicia y, además, bastantes declaraciones y manifestaciones han aparecido en los medios de comunicación.

         Sí quisiera comentar lo del “empobrecimiento injusto”. Porque supone, de hecho, la admisión de la comisión de un delito, infracción, o como se deba llamar técnicamente. Si yo estuviera imputado y en una situación similar, diría que me parece injusta la fianza o desproporcionada, pero no por el hecho del empobrecimiento, sino por sentirme no culpable.

         Contrasta, por otra parte, esta expresión, con la escasez de comentarios acerca del “enriquecimiento injusto” que, según parece probado, ha habido en las transacciones realizadas por la empresa de la que el ya citado señor era socio. Este “enriquecimiento injusto” se corresponde de manera exponencial con el “empobrecimiento injusto” que, ahora sí, han sufrido todos aquéllos trabajadores, empresarios, entidades, etc,. que han visto recortados sus ingresos o han suspendido pagos como consecuencia de que el dinero obtenido de todos a través de los impuestos haya servido, en detrimento de la economía pública, para pagar facturas inexistentes o con precios tan exageradamente altos que difícilmente un ciudadano honrado aceptaría  y, es obvio que no se hubiera hecho de no existir una trama de corrupción.

         Si hubiera una forma exacta de averiguar la cuantía de pérdidas en la cadena de impagos, seguramente excedería en mucho del importe defraudado, porque no es solamente el hecho de no pagar, sino lo que va unido a ello, como son: pérdida de los activos de una empresa y de la confianza generada a lo largo de su vida, pérdida de  vivienda por no poder pagar la hipoteca, imposibilidad de hacer frente a posibles contratos por no poder disponer de los fondos necesarios, cierre de proyectos de investigación por falta de fondos, muertes por demoras en lista de espera generadas por falta de personal médico, etc.