Según diversos informes,la siniestralidad laboral
tiene una repercusión económica, en España, de 15.000 millones de €, aproximadamente el
1,5% del PIB, superando en más de un 30% a la media de los países avanzados,
siendo la construcción el sector en el que mayor incidencia se produce.
Un informe de COEPA sobre la evolución de la
siniestralidad laboral en la Provincia de Alicante indica que, durante el período Agosto 2014/Julio 2015, se
han producido 12.364 siniestros con un incremento de 949 casos, el 8,31%. De estos accidentes, 11 han sido con
resultado de muerte, con un incremento del 32,13 % sobre los acontecidos en el
período anterior.
Uno se imagina que con tanta publicidad que se está
dando últimamente al tema de la Responsabilidad Social de las empresas que,
según se expone , son aquéllas que en
su proceso de toma de decisiones valoran, entre otras cosas, el impacto de sus
acciones en los trabajadores , que
cualquiera de ellas prestaría un cuidado especial al tema de la siniestralidad
laboral, poniendo su empeño en que se reduzca al máximo posible, dotando a los
trabajadores de los elementos de protección necesarios: cascos, gafas, guantes,
tapones auditivos, máscaras, etc. y, a la vez, exigiéndoles su uso en el
ejercicio de su jornada laboral.
Uno se imagina, además, que cuando un Organismo
Público contrata con cualquier empresa la realización de cualquier actividad,
lo mínimo que debe exigirle (obviamente, al margen del cumplimiento del
contrato) es que controle que se llevan a cabo las medidas de seguridad
pertinentes.
Es por eso que uno no puede dejar de extrañarse de que
en una ciudad como Alicante, regida por un equipo de gobierno de izquierdas,
que se dice progresista, no haya un control efectivo y se permitan situaciones en las que la ausencia de equipos de
protección de los trabajadores resultan más que evidentes.
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